La pobreza infantil en España: causas estructurales, pero sin respuestas políticas

Gabriel González-Bueno Uribe. Especialista en políticas de infancia en UNICEF Comité Español. Madrid

Cuando se aborda el tema de la pobreza infantil en España, una de las primeras preguntas que surge es qué significa ser un niño o niña pobre en un país desarrollado. Más allá de las definiciones oficiales de los indicadores de riesgo de pobreza de ingreso o el AROPE (que incluye indicadores de ingreso, desempleo y privación material), en el primer informe sobre la infancia en España de UNICEF Comité Español intentamos explicarlo de esta forma:

“Ser un niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación pero sí tener dificultades para afrontar los gastos derivados de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más difícil tener acceso a la educación superior. Ser pobre no significa no tener un techo donde guarecerse pero sí habitar una vivienda hacinada en la que no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad, y en que la que el frío o las humedades pueden deteriorar el estado de salud. Ser un niño pobre en España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública […].

Ser un niño o niña pobre supone, tanto para el propio individuo como para toda la sociedad, desaprovechar esa valiosa e irrepetible ‘ventana de oportunidad’ que es la infancia en todos los ámbitos, en el educativo, en la salud, en el compromiso y la participación ciudadana y en las relaciones sociales y personales”.

A partir de estos párrafos, publicados hace ya 8 años, cuando el impacto del desempleo se dejaba sentir con fuerza pero no aún las consecuencias de las políticas de austeridad, quisiera desarrollar algunas ideas relevantes sobre las causas, factores y consecuencias de la pobreza infantil en nuestro país.

La primera idea es que las causas de los altos niveles de pobreza relativa de los menores de 18 años en España no han sido circunstanciales ni consecuencia directa de la crisis económica y social de los últimos años, sino causas estructurales que la crisis no hizo sino agravar. El corolario de esta idea es que el final (¿?) de la crisis y el crecimiento del empleo no resolverán un problema que ahora afecta a un 29,7% de la población infantil1 si no hay una decidida intervención desde las políticas públicas. Y es que España, desde que se recogen estos datos, nunca llegó a estar por debajo del 24%, ni aún en los momentos de mayor bonanza económica (y menor desempleo) antes de 2008, y siempre se ha mantenido entre los primeros países de Europa en estas lamentables cifras.

En relación con las causas, ¿cuáles son los perfiles de hogares y circunstancias que están asociadas a una mayor probabilidad de pobreza infantil? Si acudimos de nuevo a las estadísticas de condiciones de vida, éstas nos indican algunos de los principales factores que se relacionan con la pobreza de los niños en España:

  • El empleo de los adultos en el hogar. Las tasas de pobreza infantil se disparan en los hogares en los que los adultos con responsabilidad sobre los niños están desempleados. Además, durante las crisis y actualmente se ha ido intensificando el fenómeno de los “trabajados pobres” (trabajadores que con sus ganancias no llegan a superar el umbral de ingresos que marca la línea de la pobreza). En España las tasa de pobreza en los hogares con niños en los que alguna persona está trabajando es de un 16.2%, de nuevo una de las más altas de Europa.
  • El tipo de hogar. La presencia de niños y la composición del hogar es factor explicativo del riesgo de pobreza, desde el 17,5% de los hogares sin niños, el 26,9 de los hogares con niños en general, hasta el 40,3% de los hogares monoparentales y el 45,3% de la familias numerosas.
  • La nacionalidad de los progenitores. La tasa general de riesgo de pobreza se multiplica por más de dos si ambos padres son extranjeros, del 29,7 al 67,2%.
  • El nivel de estudios de los padres. El riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de los niños es del 63,6% si los padres no han completado la educación secundaria y disminuye hasta el 13,8% si tienen educación superior.

La segunda idea es que las políticas y los recursos públicos importan. Enlazando con la primera de las ideas, la pobreza infantil se ha convertido (y lleva ya tiempo siendo) en un problema estructural pero, ¿es inevitable? Definitivamente no. España es un país con un alto desempleo crónico que como hemos visto es un factor importante, pero no único, para explicar la alta tasa de pobreza infantil. Pero también es un país en el que las políticas públicas y la intervención estatal (nacional, autonómica o local) tienen una muy baja capacidad de reducir la pobreza entre los niños. Recientemente la Comisión Europea le ha vuelto a llamar la atención a nuestro país por ese tema, entre otras cosas por la baja orientación hacia la infancia (y hacia la pobreza) de sus sistemas de protección social, basados predominantemente en prestaciones contributivas o en desgravaciones fiscales que no llegan demasiadas veces a quienes más lo necesitan.

Se puede afirmar que, así como hay una apuesta política mejorable pero eficaz en términos generales, para proteger los ingresos de los mayores a través de un sistema de pensiones prácticamente universal (las pensiones contributivas y no contributivas), no existe a nivel nacional ni autonómico nada que se le aproxime (ni en cobertura, ni mucho menos en volumen) orientado a la protección económica y social del otro colectivo que no genera recursos por sí mismo, el de los niños y niñas. Una buena prueba de ello es que según un estudio reciente de UNICEF (titulado Children of austerity) se demuestra que, es mucho más eficaz reduciendo la pobreza infantil la prestación por desempleo que las políticas sociales que supuestamente están dirigidas específicamente a los niños y sus familias, y que ninguna de ellas lo hace con demasiado éxito. En ese mismo estudio (que analiza la situación de la pobreza infantil y el impacto de la crisis en varios países europeos) se visibiliza cómo otros países con otras políticas y otro nivel de recursos sí hacen frente de manera efectiva a la pobreza de niños y niñas.

Respecto a los recursos, tanto el gasto en protección social de familias y niños como en educación (herramienta clave para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza), están en nuestro país muy por debajo de la media europea. Lo estaban antes de la crisis y lo están aún más ahora. Como ejemplo, el gráfico siguiente expresa claramente, en términos del porcentaje del PIB, cuál es el esfuerzo comparado de los distintos países de nuestro entorno en este ámbito de la protección social.

Además, la crisis ha impactado fuertemente en este gasto. Nuestra estimación, basada también en datos de la contabilidad nacional (COFOG), es que entre 2009, año de máximo gasto público en educación no universitaria y en protección social de familias e infancia en España, y 2016, la desinversión acumulada de recursos públicos en estos dos ámbitos (respecto al gasto de 2009) ha sido de casi 36.400 millones de euros. Lo más llamativo es que la reducción en protección social llegó a ser del 27% en 2013, precisamente cuando más necesarios eran esos recursos. Hay que decir que, el nivel de gasto se ha recuperado algo en los dos últimos años, pero gran parte de la recuperación en protección social se ha producido mediante medidas estatales en forma de desgravaciones fiscales que, de nuevo, es dudoso que llegue a muchos de los hogares con niños y niñas más vulnerables.

La tercera idea es el enorme coste individual, económico y social de no intervenir ni afrontar el problema, es decir: las consecuencias. La primera y

fundamental es que la pobreza es una de las mayores causas de vulneración de derechos humanos y, entre ellos, de derechos del niño. Aunque en la mayoría de las ocasiones en nuestro país la pobreza no se presente con la crudeza que vemos en otras naciones, no deja de poner en riesgo los derechos del niños, por ejemplo, a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, a una educación que tenga en cuenta sus necesidades, a la protección social, o al “más alto nivel posible de salud” como indica la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Riesgos y vulneraciones de derechos que no debieran tener cabida en uno de los países más ricos del mundo.

Muestra de estos riesgos son varios estudios y análisis de organizaciones sociales que reflejan el impacto directo en el bienestar de los niños y niñas de la pobreza infantil. Entre ellos el magnífico boletín de vulnerabilidad social que Cruz Roja Española publicó en 2016, basado en una encuesta a los niños atendidos en sus ser

vicios, del que se extraen los datos siguientes:

  • El 40% dice que, a causa de la crisis, no puede ir al dentista y, el 29%, que no puede pagar el comedor del colegio.
  • El 52% afirma que han tenido problemas económicos muy serios en el último año.
  • Un 17% del total ha perdido la casa recientemente, y se ha tenido que mudar.
  • 47% señala que en su casa hace frío en inverno, y el 33% que no tiene calefacción.
  • El 46% no tiene Wifi, el 9% no dispone de un lugar tranquilo donde estudiar.
  • El 10% no realiza alguna de las comidas diarias de forma regular.
  • El 24% tiene dificultades para llevar los materiales que le piden en el colegio/instituto.
  • El 43% reconoce que no dispone del material adecuado para estudiar.

Estadísticas coherentes con el texto explicativo del inicio del este escrito, pero también testimonios palpables de lo que tienen que afrontar estos niños y niñas en su día a día. Las consecuencias no sólo son, sino que serán individuales y colectivas.

La experiencia internacional demuestra que un Estado que se desentienda de su infancia o una sociedad que no asuma solidariamente su papel de contribuir en la protección y desarrollo de los niños tendrá que aceptar futuros costes públicos y privados cada vez más altos. La inequidad (que en España ha crecido en la infancia mucho más rápido que en el conjunto de la población) además de injusta es ineficiente, y la pobreza y la exclusión social presentan facturas que revierten a los países al cabo del tiempo en forma de mayores costes de todo tipo: sanitarios y hospitalarios, repeticiones de curso educativo y más necesidad de programas de apoyo escolar, subsidios y ayudas sociales o mayores gastos en el sistema de justicia y penitenciario. También hay un costo para la economía en su conjunto, por el bajo nivel de habilidades y la baja productividad de los futuros trabajadores que redunda, a su vez, en un mayor desempleo.

En este sentido, desde UNICEF Comité Español, hemos venido realizado desde hace años demandas y propuestas para avanzar en esta la lucha contra la pobreza infantil que nosotros, y otras muchas organizaciones, consideramos una cuestión que debería ser objeto de un Pacto de Estado.

En ese marco, son necesarias respuestas adecuadas a la dimensión estructural del problema de la pobreza infa ntil, como una prestación familiar por niño a cargo mucho más amplia y generosa que la actual, que alcance los 1.200 € anuales, al menos, para todos los niños y niñas que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza. Medidas de este tipo están generalizadas en casi toda Europa y son muy efectivas para reducir la pobreza infantil, especialmente la pobreza extrema.

También son precisos compromisos políticos con los recursos para la infancia: es necesario situar el compromiso de inversión pública en la infancia, al menos en la media de los países de nuestro entorno en porcentaje del PIB.

Y son fundamentales unas políticas con enfoque de equidad, un análisis profundo de en qué medida están las políticas sociales orientadas a los colectivos más vulnerables y a las personas (también niños y niñas) en situación de pobreza. Análisis de la OCDE indican que en España se beneficia más de las transferencias sociales el 20% de la población con más ingresos que el 20% con menos.

Pero lo que es clave, y es un paso previo para aplicar las medidas concretas, es la voluntad política y social de realizar una apuesta inteligente por la solidaridad intergeneracional, que no ponga en peligro un contrato tácito entre generaciones en el que, últimamente, parecen salir perdiendo niños y jóvenes.

Somos conscientes que hasta que no se perciba como una prioridad inaplazable que la calidad y equidad educativa o que la reducción de la pobreza infantil son claves para el futuro económico y social (sí, también para el sostenimiento a largo plazo de la pensiones y otros sistemas de protección social), hasta que no se entienda que construir futuro desde la infancia es la clave para cualquier país que tenga una visión de sí mismo algo más allá del corto plazo (por ejemplo quiera alcanzar en 2030 el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), y hasta que no cambie esa visión pacata de que padres y madres son los únicos responsables de sus hijos, es difícil que se apliquen políticas ambiciosas para luchar por el bienestar de toda la infancia. Pero ya empieza a ser tarde.

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