La crisis de los Rohingya

Alfonso Pombo Fenández. Voluntario de la Fundación JuanSoñador. Asturias.

Son muchos, demasiados, los países que afrontan crisis humanitarias en su interior o que ven cómo parte de su población se ve forzada a huir de sus hogares víctimas de persecución y violencia. A la triste lista de países como Siria, Palestina, Colombia, República Centroafricana, Sudán del Sur… se ha unido el pasado año 2017 Myanmar, anteriormente conocida como Birmania.

Los Rohingyas son una etnia (aproximadamente 1 millón de personas) que profesan la religión musulmana y que viven mayoritariamente en Birmania. Su origen es fuente de controversia. Los propios rohingyas aseguran ser descendientes de comerciantes árabes y que llevan en la zona desde el siglo VII. Las autoridades birmanas, por su parte, aseguran que son inmigrantes bengalíes que llegaron al país con la ocupación británica del siglo XIX.

Sea como fuere, y dado que Birmania es un país mayoritariamente budista, la convivencia entre las dos comunidades ha sido complicada. Durante la II Guerra Mundial, los rohingyas se habrían enfrentado a los budistas. Cuando Birmania se establece como país independiente en 1948, los rohingyas empiezan a ser víctimas de una política de apartheid. Su libertad de movimientos se ve restringida, no pueden poseer tierras y tienen límites a la educación, la sanidad y otros derechos básicos.

Se repite la vieja historia de utilizar la religión como elemento diferenciador para fomentar el odio sectario.

En las últimas décadas han surgido grupos armados terroristas de entre la población rohingya que han cometido atentados y que han sido la excusa perfecta para el ejército y los grupos budistas extremistas y así justificar la represión contra la población musulmana en general.

En los últimos meses, tras los ataques de militantes rohingya a puestos de policía el 25 de agosto, la política de represión del ejército birmano y los paramilitares budistas ha alcanzado niveles extremos. Ataques indiscriminados a la población, política de tierra quemada contra las viviendas, éxodo masivo de población…Todo ello hace que numerosas instituciones y países como EE.UU. hablen de esta crisis humanitaria como de “limpieza étnica”.

Las cifras son de extrema gravedad. Alrededor de 9.000 rohingyas han muerto y 650.000 han tenido que huir como refugiados al vecino país Bangladesh, según cálculo de ACNUR. Ni siquiera la presencia de la Nobel de la Paz Aung Sang Suy Kyi al frente del gobierno de Myanmar ha servido de ayuda a la población rohingya. Tampoco las llamadas del líder budista Dalai Lama a la convivencia y el respeto han tenido resultados positivos.

De nuevo, la comunidad internacional se muestra impotente para evitar una catástrofe humanitaria. En esa zona del planeta no hay petróleo ni ningún otro recurso valioso que justifique una intervención de la ONU para detener el genocidio rohingya. Una vez más queda demostrado que la vida de cientos de miles de personas no es lo suficientemente importante como para movilizar la maquinaria diplomática de una comunidad internacional anestesiada ante el dolor ajeno.

Ante esta desidia internacional, hay una voz que se ha erigido entre las demás para denunciar el trato inhumano a la comunidad musulmana de Birmania. Una vez más, el papa Francisco ha sido la voz de los sin voz y ha acudido en persona a la zona del conflicto como ya lo hiciera en Lampedusa o República Centroafricana.

En su visita a Myanmar y Bangladesh a finales de 2017, Francisco recordó a las autoridades birmanas su “deber de respetar los derechos de cada grupo étnico y su identidad, así como la necesidad de avanzar en el compromiso con la justicia y los derechos humanos”.

En un encuentro con un grupo de refugiados en Bangladesh, el papa les pidió públicamente perdón por la indiferencia y odio del mundo, proclamando que “la presencia de Dios, hoy, se llama rohingya”.

No nos podemos resignar a asistir como meros espectadores a una catástrofe humanitaria más. Como ciudadanos de un mundo global, que queremos más justo y solidario, nos vemos en la obligación de denunciar cualquier abuso de los derechos humanos. Si no fomentamos sociedades inclusivas y respetuosas con la diversidad, estaremos condenados a repetir la triste historia de los rohingya.

 

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